Foto: humanas.cl
Los recientes esfuerzos que los países latinoamericanos hicieron para fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) no fueron en vano, pues de ellos se puede sacar una buena lección para luchar contra la política injerencista de EEUU.
Antes, cabe señalar que los pilares de la SIDH son la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya sede se
encuentra en Washington D.C., y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, también CIDH, con sede en San José de Costa Rica.
Al
respecto, el 11 de marzo pasado los delegados de los Estados miembros
de la CIDH se reunieron en la ciudad de Guayaquil (suroeste de Ecuador)
para abordar el fortalecimiento del SIDH, emitiendo una declaración que
sirvió como base de su propuesta presentada en la reunión general de la
Organización de Estados Americanos (OEA) el 22 de marzo último en
Washington.
La propuesta comprendía una reforma del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos: modificar la forma de
financiación de la CIDH, trasladar su sede de Washington a la capital de
cualquiera de los países que hubiesen ratificado el acuerdo de San
José, e igualar el estatus de las relatorías de la CIDH.
En
la reunión de Guayaquil el presidente de Ecuador, Rafael Correa,
propuso que Argentina fuese la nueva sede de la CIDH, organismo que
criticó por tolerar que su sede se encuentre en EEUU, país que, al igual
que Canadá, no ha ratificado en cuarenta años “algo que suscribió”.
“No
es posible, en el siglo XXI, en Nuestra América tolerar que la sede de
la CIDH sea el país del embargo criminal contra Cuba, que atenta total y
abiertamente contra el Derecho Internacional (...)”, dijo Correa,
destacando que el “bloqueo criminal contra Cuba constituye el mayor
atropello a los Derechos Humanos en nuestro continente”.
Asimismo,
el mandatario de la nación suramericana planteó que la CIDH fuese
financiada y constituida solo por nacionales de los países que
ratificaron la Convención Americana de Derechos Humanos.
“No
vamos a permitir más ningún neocolonialismo, cómo vamos a permitir que
el 96,5 % de la CIDH se financie por países que no han ratificado la
Convención y por supuestos organismos observadores, que pagan para
imponer sus condiciones”, destacó Correa, al recordar que EEUU es uno de
los principales aportadores del organismo que, según el mandatario
ecuatoriano, se convirtió en un “instrumento de la política exterior”
estadounidense contra gobiernos que la critican.
El
mandatario del país andino resaltó que América Latina “está viviendo una
verdadera revolución democrática en sus países que le permite sacarse
viejas costumbres” que permitían que una burocracia de forma autónoma
desde Washington fiscalizara a los Estados latinoamericanos.
“Si
no podemos corregir los últimos vestigios del neoliberalismo y
neocolonialismo en nuestra América, enquistados en la CIDH, los pueblos
no nos perdonarán (...). Debemos buscar algo nuevo, mejor y
verdaderamente nuestro”, enfatizó el presidente ecuatoriano.
No
obstante, tras varias horas de debate, ya en la Asamblea General
extraordinaria de la OEA que tuvo lugar en Washington el viernes pasado,
la diplomacia latinoamericana solo logró conseguir que se siga adelante
con un proceso de auditoría permanente sobre el SIDH, según el director
para América de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
Esto
ya es algo, a decir verdad, pues esperar que el SIDH sea reformado de
la noche a la mañana es imposible. Los resultados de estos esfuerzos por
tratar de que el organismo deje de ser una “instancia supranacional e
ilegítima frente a los Estados soberanos y con fondos privados”, tal
como lo dijo el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton Matos,
eran de esperarse, pues el proceso de integración latinoamericana
todavía sigue su curso.
También sirven para valorar el
grado de madurez en que ese proceso de integración regional se encuentra
y para reflexionar en la desventaja económica en la que se encuentran
las naciones latinoamericanas frente EEUU que utiliza su poderío
económico para manipular el organismo a su antojo en defensa de sus
intereses antes que el de los Estados miembros de la CIDH.
Al
respecto, EEUU ya ofreció un millón de dólares en financiamiento para
la Comisión, “como una muestra de su interés por reforzar este
organismo”.
“Restringir las contribuciones o eliminar
la posibilidad de financiar actividades específicas de la Comisión viola
nuestra promesa de lograr un sistema más fuerte”, dijo William Burns,
vicesecretario de Estado de EEUU.
Es este el momento en
que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), junto
a otros bloques de la región, debe desempeñar un papel más activo en lo
que concierne, además de la reforma del SIDH, a encontrar un equilibrio
geopolítico de la región latinoamericana, a la creación paralela de un
organismo similar a la CIDH y a calcular el grado de influencia de las
amenazas al proceso de integración.
La posición de los
países latinoamericanos, sobre todo la de los países de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), es comprensible
pues ya es hora de que ese organismo deje de servir solo a los que la
financian tratando los Derechos Humanos de los pueblos latinoamericanos
como mercancías, defendiendo los derechos de las transnacionales,
persiguiendo a gobiernos que no se doblegan al mandato estadounidense, y
defendiendo la libertad de expresión de medios de comunicación al
servicio de las élites para derrocar gobiernos.
La voz de Rusia
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